LABORAL

La Justicia del Trabajo defendió su competencia en la causa de la CGT por la suspensión de la Reforma Laboral

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En las últimas horas, el Gobierno pidió a la Corte Suprema frenar una cautelar que suspendió la implementación de una serie de artículos de la normativa.

En un revés significativo para el Gobierno actual, la Justicia Nacional del Trabajo ha reafirmado su jurisdicción en los asuntos relacionados con la reforma laboral, desestimando una solicitud del Ejecutivo para trasladar el caso al fuero Contencioso Administrativo. El juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, dictaminó mantener la causa en el ámbito laboral, subrayando la preeminencia de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores en la cuestión planteada. Este evento se inscribe en un contexto donde el Ejecutivo intentaba frenar una medida cautelar que detenía la implementación de una serie de artículos de la reforma laboral propuesta.

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El dictamen ha reforzado el papel central del derecho laboral, alineándose con los argumentos presentados por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta organización ha argumentado que ciertos artículos de la reforma lesionan profundamente principios consagrados en la Constitución Nacional, como la razonabilidad, la libertad sindical y el debido proceso, generando una significativa controversia en la materia.

La solicitud de inhibitoria planteada por el Gobierno fue inicialmente cursada por la magistrada Macarena Marra Giménez del fuero Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, Ojeda ha insistido en que la disputa es fundamentalmente entre trabajadores y empleadores. Esto fue apoyado por el reconocimiento previo de la representación de la CGT y la inclusión de la Unión Industrial Argentina (UIA), como principal entidad empleadora del sector industrial, junto a otras cámaras patronales dentro del proceso judicial.

Tal disputa resulta, por sus características, inherente al derecho del trabajo, según Ojeda, quien subraya que el conflicto es de naturaleza profundamente laboral y no encajaría adecuadamente en el ámbito contencioso administrativo. Argumentó además que, aunque ciertos aspectos impositivos están en juego, la mayoría de las normas objeto de la reforma se refieren estrictamente a cuestiones de derecho laboral, contextualizando la importancia del fuero del trabajo como el adecuado para resolver tales disputes.

Este desarrollo planteó un nuevo campo de batalla para el Gobierno, el cual, ante la defensa de la competencia judicial proclamada por el juez Ojeda, busca nuevas alternativas legales, no descartando ir hasta la Corte Suprema en su esfuerzo por avanzar con los cambios legislativos propuestos. 



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